Italia, Alemania y España permiten respuestas más lentas a las solicitudes de información pública – www.europeandatajournalism.eu

Esta realidad dificulta, en la práctica, el ejercicio del derecho a saber. En Italia, según Luca Giunti de la organización ciudad abierta“el procedimiento tiene un costo implícito en términos de tiempo y recursos (por ejemplo, abogados que pueden seguir el caso)”, lo que hace que una gran parte de los ciudadanos no solicite el acceso o, en su caso, no haga un seguimiento con el autoridades judiciales. peticiones.

En Alemania, según Arne Semsrott, portavoz de FragDenStaat, “los principales problemas son la lentitud de las respuestas y los costos; las autoridades pueden tardar hasta 500 € por solicitud” si lleva más de una cantidad nominal de tiempo. Y eso no es todo: aunque el plazo de decisión bajo la ley federal es de un mes, quienes solicitan información y no la obtienen deben esperar tres meses para presentar una denuncia. Esto significa que en muchos casos el tiempo real de respuesta a las solicitudes es superior a las cuatro semanas establecidas por ley.

Por lo tanto, la tendencia común es que los solicitantes tengan que pelear casi constantemente para obtener datos de las administraciones públicas. Además, las autoridades también pueden limitar el acceso a la información pública mediante restricciones que se convierten en verdaderas barreras. Las excepciones típicas incluyen el derecho a la privacidad, los intereses económicos y comerciales o la seguridad nacional. La aplicación de estos límites suele ser desigual, lo que crea incertidumbre para los reclamantes. Este es el caso de Polonia, por ejemplo: “Las razones para no proporcionar información pueden ser arbitrarias”, explica Urszula Kifer, redactora jefe de Primera plana.

Con la excepción de Italia y España, cuyas leyes de transparencia son más recientes, la mayoría de los países estudiados en esta encuesta cuentan con leyes de transparencia que datan de casi un cuarto de siglo, pero estos países no han resuelto los problemas de implementación de sus leyes de transparencia. En otros casos, como Grecia, el galimatías regulatorio obstaculiza el derecho de acceso. Esto es un obstáculo para la transparencia, aun cuando, según las fuentes consultadas, en el papel, la normativa marcó un punto de inflexión en la rendición pública de cuentas.