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El Gobierno aumentará un 8,5% todas las pensiones: 860 euros anuales las pensiones mínimas y 3.350 euros anuales las pensiones máximas

Fedea, la fundación de las antiguas cajas de ahorros, elaboró ​​un informe muy crítico con el plan de aumento de las pensiones del Estado (8,5% para todas las pensiones). Según FEDEA, “En el debate sobre la revalorización de las pensiones se mezclan dos cuestiones que deben tratarse por separado. Por un lado, la sostenibilidad de las pensiones, que es un problema estructural aún no resuelto, y, por otro, la revalorización de las pensiones en línea con el IPC en un periodo tan excepcional como el actual, con una inflación galopante. . Lo primero requerirá una profunda reforma de nuestro sistema de pensiones para adaptarlo a la nueva realidad demográfica. La segunda debe ser analizada teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento”.

Así, FEDEA “teniendo en cuenta la situación económica actual, propone un mecanismo de revalorización de las pensiones más justo que el previsto actualmente para las personas mayores más frágiles y para los jóvenes”. Y consideran que “es necesario que el sistema tenga válvulas de escape que permitan escalonar la revalorización de las pensiones en varios años. Esta recuperación gradual de la pérdida de poder adquisitivo se le exige también a los trabajadores, para evitar los efectos secundarios de la inflación y, por tanto, se le debe exigir a los pensionistas con pensiones más altas”.

Y proponen, excepcionalmente, sustituir la revalorización generalizada de todas las pensiones con el IPC por un incremento en función del importe de la pensión: i) las pensiones mínimas (por debajo de 800 euros) aumentarían más que la inflación, un 11 %; ii) una revalorización progresiva de este 11% al 2,5% para pensiones entre 800 y 1.400 euros mensuales; y iii) un incremento del 2,5%, idéntico al establecido para los funcionarios, para las pensiones superiores a 1.400 euros.

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Según él, esta propuesta no solo es más eficiente sino también más justa por varias razones.

En primer lugar, esta propuesta es más favorable a los pensionistas más vulnerables. Todos los pensionistas cuya pensión sea inferior a 1.000 euros mensuales verán incrementada su pensión en más de un 8,5%. Más del 52% de los jubilados verán aumentadas sus pensiones por encima del incremento propuesto por el Gobierno. De esta forma, los escasos recursos fiscales se concentrarían en los jubilados más necesitados.

En segundo lugar, parece razonable que las pensiones más altas participen en el Pacto por la Renta. Cabe señalar que la pensión máxima (39.500 €) es casi 15.000 € superior al salario medio en España (25.125 €) y más de 5.000 € por encima del salario medio de los funcionarios (34.608 €). Un aumento generalizado y automático de todas las pensiones en una situación económica tan difícil es menos gradual. La pensión mínima es de 10.100 € anuales y la pensión máxima de 39.500 € anuales. Así, un incremento general del 8,5% supone un incremento de 860 euros para quienes perciben una pensión mínima, pero un incremento de 3.350 euros para quienes perciben la pensión máxima. Es decir, con el aumento generalizado, los perceptores de pensión máxima reciben casi cuatro veces más que los perceptores de pensión mínima.

En tercer lugar, aumentar las pensiones máximas en un 8,5% significa aumentar las bases máximas de cotización en un 8,5%. Esta es una medida que claramente va en contra del Pacto por la Renta, porque aumenta la nómina de muchos trabajadores calificados, lo que tendrá un efecto perverso sobre la inflación.

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Según FEDEA, la propuesta supone un ahorro fiscal de 6.225 millones de euros en 2023, pero a medida que se consoliden en el tiempo los aumentos de las pensiones, el ahorro será mucho mayor a medio plazo.