Pacto social y pacto de renta

Fernando González Urbaneja | Durante la última década, desde 2010, los sindicatos y los empleadores han llegado a cuatro acuerdos salariales indicativos plurianuales conocidos como Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva. Éstas siempre han estado bajo la mirada complaciente de los gobiernos del PP y del PSOE, que ofrecían una razonable garantía de paz social. Acuerdos que respondían a una práctica de consenso característica y habitual a lo largo de la historia de la democracia, con raíces en los Pactos de la Moncloa de 1977 que apoyaron la Transición. La historia de las relaciones laborales en los últimos 44 años es una historia de consensos, de sucesivos acuerdos de distinto alcance que han generado estabilidad.

Cuando los voceros del actual gobierno, encabezado por el Ministro de Trabajo, afirman que el acuerdo de reforma laboral es histórico, muy chulo, y otros adjetivos superlativos, están dando crédito a ese adanismo que atrae a personas poco conocedoras de los recientes pasado. Profundizar este espíritu con un pacto de ingresos, aunque sea indicativo, para los próximos años contribuiría a la estabilidad y la recuperación. En un momento crítico desde el punto de vista de las expectativas de inflación y su impacto en las negociaciones salariales, una indicación o recomendación de los agentes sociales facilitaría la vuelta a una razonable normalidad en la negociación colectiva, estancada desde hace dos años.

Así lo ha llamado el gobernador del Banco de España, pero ni el Gobierno, ni la oposición, ni la patronal y los sindicatos le han hecho caso. Y en estas circunstancias, marcadas por la pandemia y una recuperación tambaleante, una señal clara sobre la evolución de los salarios traería serenidad y confianza.

Los cuatro acuerdos ENC, sin fuerza normativa, aportan una valiosa experiencia de estabilidad social y garantías salariales que evitan una carrera descontrolada y conflictiva por el poder adquisitivo de quienes pueden permitírselo. Acuerdos realistas entre las partes, sustentados en una rebaja de los topes salariales (SMI) y el control de los acuerdos de subcontratación abusivos, apoyarían la recuperación sin pérdida de competitividad.

Los sindicatos y los empleadores tienen una amplia experiencia en la negociación. Y el gobierno puede ayudar fomentando dicho acuerdo sobre ingresos a través de una indicación o recomendación nacional sobre la trayectoria de los ajustes salariales en los convenios colectivos. Los ajustes salariales deben tener en cuenta el poder adquisitivo, así como el volumen de empleo.