En este sentido, el Archivo General debe ser informado siempre que se realicen o pretendan realizar cesiones de dominio de documentos históricos de interés público.
Si se omite dicha notificación, la AGN puede cancelar la transacción o, en su caso, solicitar la expropiación de los documentos.
«Es fundamental que el Archivo General de la Nación esté informado sobre dichos movimientos, para que la AGN esté en condiciones de identificar probables hechos constitutivos de tráfico ilícito del patrimonio documental de la nación, ya que se considera la transferencia de propiedad o posesión de estos bienes Constituye un delito el patrimonio documental de la nación ”, dice en su comunicado.
Marco Palafox Schmid, director legal de AGN, resaltó que el tráfico ilícito de bienes culturales, en particular del patrimonio documental, es un fenómeno de dimensiones preocupantes en México y el mundo.
Para enfrentar esta situación, Palafox Schmid coordina el Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilícito de Patrimonio Documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos, que está diseñando esquemas de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e Interpol para la restitución de otros documentos considerados patrimonio de la nación que ha sido robada ilegalmente de AGN para ser comercializada en el exterior.
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