Bruselas concede dos meses a España para reducir la morosidad del sector público, que debe a los proveedores más de 80.000 millones de euros

Ayer miércoles, la Comisión Europea dio a España un ultimátum de dos meses para reducir los retrasos “excesivos” en los pagos de las comunidades autónomas y municipios a sus proveedores del sector privado para evitar que el caso acabe ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Los gobiernos españoles adeudaban a sus proveedores más de 83.350 millones de euros a finales de 2020, según datos del Banco de España. La deuda, que equivale a las transferencias que España espera recibir de la próxima generación de la UE, aumentó en 2.000 millones de euros el año pasado y solo ha crecido un 40% desde 2016.

Más de la mitad de la deuda, 43.500 millones de euros, corresponde a la administración central, es decir al gobierno. Mientras tanto, los ayuntamientos deben cerca de 20.000 millones de euros, las Comunidades Autónomas 10.000 millones y la Seguridad Social otros 10.000 millones.

La Comisión reconoce “los esfuerzos realizados por España durante los últimos seis años para mejorar la puntualidad de sus pagos al sector público”. Sin embargo, sigue preocupado por los retrasos “persistentes”, ya que las autoridades regionales y locales “siguen sin cumplir” las normas europeas.

Según Hacienda, el plazo medio de pago a proveedores de las Comunidades Autónomas se redujo de 33 días en 2018 a 27 días a finales del año pasado. En el caso de los ayuntamientos, pasó de 64 días en 2018 a 47 días a fines de 2020, mientras que el gobierno central redujo el plazo de 45 a 24 días en esos años. Pero claro, estos son tiempos medios, lo que significa que hay muchos casos de retrasos e incumplimientos de la normativa vigente -que exigen el pago en menos de 30 días- versus morosidad.