El gabinete español aprobó este martes la extensión de las medidas para proteger a los más vulnerables de los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, incluida una moratoria de los desalojos domiciliarios hasta noviembre.
El gobierno de coalición del primer ministro socialista, Pedro Sánchez, aprobó por primera vez el paquete social en marzo de 2020 en el momento álgido de la primera ola de la pandemia en España, uno de los países más afectados de Europa.
El llamado «escudo social» incluye la prohibición de dejar a las familias empobrecidas sin agua, electricidad y otros servicios públicos y una moratoria sobre los desalojos residenciales forzosos para aquellos que han visto desaparecer sus ingresos debido a la pandemia.
Las medidas debían expirar el 9 de agosto, pero el gabinete de Sánchez las extendió hasta el 31 de octubre.
«Espero que los indicadores de salud nos digan entonces que podemos enfrentar el futuro sin el escudo», dijo la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez en una conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete, agregando que las medidas apuntan a «proteger a los más vulnerables».
La economía de España se contrajo drásticamente un 10,8% en 2020, uno de los peores resultados de la zona del euro, con su sector turístico clave afectado por las restricciones de viaje vinculadas a la pandemia.
Pero volvió a crecer en el segundo trimestre de 2021 y el gobierno espera que crezca un 6,5% este año.
Esto ayudó a reducir la tasa de desempleo de España al 15,3% en el período abril-junio, frente al 16% del trimestre anterior, aunque se mantiene muy por encima de la tasa del 13,8% registrada en el cuarto trimestre de 2019 antes de la pandemia.
El país de aproximadamente 47 millones de personas ha informado de 4,5 millones de casos confirmados de Covid-19 y más de 81.000 muertes.
Más historias
Las consecuencias económicas del calor extremo aumentarán con el tiempo
La extrema derecha VOX intenta promover el papel ‘civilizador’ de España en América Latina – EURACTIV.com
El voto en España puede cambiar el Gobierno, pero no la política exterior