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El Banco de España insiste en la falta de medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones

El Banco de España insiste en la falta de medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reafirmó sus cálculos sobre el sistema de pensiones después de que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, los calificara de «simplistas». Volvió a argumentar que las medidas propuestas no son suficientes para asegurar la sostenibilidad una vez que se ha vinculado las pensiones a la inflación y se ha eliminado el factor de sostenibilidad: “Si sumas y restas, hay un hueco que hay que cubrir”, dijo en un comparecencia ante el Congreso el miércoles. Sin embargo, resaltó que habrá que esperar a la segunda parte de la reforma de pensiones para ver si son necesarias más medidas.

El gobernador también insistió en que los jubilados y funcionarios participen del pacto de ingresos para moderar los aumentos salariales y evitar una espiral inflacionaria por la pérdida de ingresos que genera la energía comprada al exterior. Esto debe hacerse en parte debido a la necesidad de volver a encarrilar las finanzas públicas. Es necesario un plan progresivo a medio plazo para reducir el déficit estructural. Si no se hace nada, la deuda pública superará los elevados niveles actuales por el envejecimiento de la población, ha advertido el gobernador del Banco de España.

Tras las críticas de la ministra de Seguridad Social, Hernández de Cos explicó que en los próximos años habrá un aumento importante de la población jubilada frente a la población activa. Y que esto generará una fuerte presión sobre el sistema de pensiones. La reforma de 2013 cubrió parte de ese mayor gasto, puntualizó. Pero reconoció que esto se ha producido a costa de una caída importante de la pensión media respecto a la cotización media: “Es decir, se ha reducido la generosidad. No era políticamente viable”. Es por ello que se han vuelto a vincular las prestaciones al IPC.

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Sin embargo, el Gobernador ha señalado que la revalorización de las pensiones en línea con la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad llevarán a un fuerte incremento en los niveles de gasto: para 2050 esto supondrá un aumento del gasto anual de entre 3, 2 y 3,5 puntos del PIB. En otras palabras: un incremento superior a los 40.000 millones de euros actuales, o el equivalente a más del 40% de lo recaudado en el IRPF.

El factor de sostenibilidad, suprimido en diciembre, reducía automáticamente la prestación inicial en función del aumento de la esperanza de vida. Aunque aprobado por el gobierno del PP, nunca se ha aplicado. Según cálculos de Hernández de Cos, elaborados por Hacienda y la Comisión Europea, esta fórmula habría ahorrado alrededor de un punto del PIB. Además, vincular las prestaciones al IPC supondrá un incremento del gasto de unos 3 puntos del PIB. Al sumar estos dos factores, se alcanzan los 3,5 puntos del PIB a los que se refiere el gobernador.

Por otro lado, según Hernández de Cos, el ejecutivo aprobó el llamado mecanismo de equidad intergeneracional y los incentivos a la jubilación diferida, que según estimaciones oficiales podrían compensar entre 1,9 y 2,4 puntos del PIB.

Sin embargo, el gobernador destacó que mucho de este ahorro que ofrece el mecanismo de equidad intergeneracional depende del acuerdo parlamentario a partir de 2032, no es un ajuste automático. Este mecanismo proporciona aproximadamente 0,2 puntos del PIB por año de cotización hasta 2032. Después de este año, habrá que evaluar si son necesarias medidas adicionales, hasta 0,8 puntos del PIB por año. Es esta falta de automatismo lo que critica Cos.

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También explicó que “existe una gran incertidumbre sobre los efectos de los nuevos incentivos a la jubilación diferida”. En otras palabras, es posible que no den los rendimientos esperados. Más aún si tenemos en cuenta que el cálculo del ejecutivo en su rango bajo de previsiones prevé que el 40% de las nuevas jubilaciones se retrasarían una media de tres años. En el tramo superior, el 50% de los autónomos y el 60% del régimen general retrasarían su edad de jubilación una media de tres años.

En cualquier caso, faltaría más de un punto del PIB para compensar el fracaso de la reforma de 2013. “Si sumas y restas, hay un hueco que cubrir. Y queda lo que no cubrió la reforma de 2013. Entonces se necesitan más medidas para equilibrar el sistema a largo plazo”, insistió. Y recordó que aún están pendientes de aprobación el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, la revisión de las bases máximas de cotización, un nuevo sistema de cotización para los autónomos y una revisión del periodo considerado para el cálculo de las pensiones. “Tendremos que esperar para ver si estas medidas son suficientes una vez que hayan sido aprobadas”, concluyó.