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El aumento de las contribuciones a la seguridad social aumenta los costos laborales, mientras que el desempleo es nuestro mayor problema

Fernando González Urbaneja | Las cotizaciones sociales son noticia tras el anuncio de una subida de tipos de seis décimas. Y hay que destacar que padecemos una cierta confusión de conceptos que se remontan a mucho tiempo atrás y que no nos ayudan a comprenderlos. Todavía existe una distinción estéril entre la llamada contribución del trabajador y la contribución de la empresa, una distinción retórica que es confusa. No importa que haya una parte de la cotización reflejada en la masa salarial y otra bajo el epígrafe de gastos empresariales; porque en realidad todas las cotizaciones son costos salariales obligatorios para la empresa, salarios diferidos en beneficio del trabajador, depositados en el sistema de seguridad social administrado por el Estado.

El trabajador desconoce que el coste salarial para el empleador es el coste bruto reflejado en su salario (incluida parte de la cotización a la seguridad social y la retención del IRPF) y las cotizaciones a cargo de la empresa, que también son salarios desde su origen. está en el contrato de trabajo. El llamado costo bruto para la empresa es la suma de todos estos conceptos. Y sería educativo que todos se vieran reflejados en la nómina, ya que todo es salario. Hoy, el 79% de las cotizaciones sociales en España van al sistema de pensiones, el 19,5% al ​​paro, el 2% a la formación profesional y el 0,55% al ​​fondo de garantía salarial. En total, el costo adicional es el 36,25% del salario antes de las deducciones, que el gobierno pretende aumentar en seis décimas de punto porcentual. El objetivo de esta operación es reponer las reservas de la Seguridad Social (la alcancía), anticipándose al efecto de la llegada a la edad de jubilación de generaciones a partir de la alta tasa de natalidad.

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Y una prudente medida cautelar en un momento de déficit severo y crónico en el sistema previsional ordinario. Un déficit que el gobierno pretende cubrir con el presupuesto, mediante créditos del Tesoro y la asunción de gastos hasta ahora cargados a la seguridad social.

El problema de incrementar las cotizaciones es que implica un incremento de los costes laborales efectivos, que son un freno al empleo mientras que el paro es el principal problema de los españoles. Los dilemas de los administradores de sistemas para equilibrar los números no son fáciles de resolver. Si la parte fija de la ecuación es mantener el poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras, la parte variable no es otra que la correspondiente a la renta. Es decir, más aportes o más transferencias del Tesoro, que tampoco goza de buena salud financiera.

Los empleadores se quejan de que aumentar la masa salarial es anti-empleo, los sindicatos quieren más transferencias del estado (alguien traerá el dinero) y el gobierno está tratando de no perder las elecciones. Salir del laberinto requiere más explicaciones, más liderazgo político, más voluntad para resolver problemas reales.

En cualquier caso, deje claro que todas las contribuciones son salarios. Están vinculados al trabajo y todo lo paga el empleador. Y le da una buena parte al Estado para que la administre con la diligencia del “buen comerciante”, que no dispara rápido y no promete lo que no puede cumplir.