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Bruselas presiona a España para desvincular las pensiones del IPC

Crece la preocupación de Bruselas por la insostenibilidad de la reforma de las pensiones en España. Esto llega en plena inflación galopante y en un momento en el que debe validar la reforma del ministro Escrivá para autorizar el traspaso de 12.000 millones de euros del segundo tramo del plan de recuperación.

El Gobierno aún tiene que pedir a la Comisión Europea el pago del segundo tramo del plan de recuperación, el mayor, de casi 12.000 millones de euros. Previamente, negocia con la Comisión para informar sobre las inversiones y reformas realizadas durante el período. Las dos reformas estrella examinadas, en materia salarial, son el trabajo y las pensiones. Este último no podía haber llegado en peor momento. Bruselas ya estaba preocupada por la revalorización de las pensiones según el IPC -aprobado por el Gobierno en diciembre- que no incluye un mecanismo que garantice de forma efectiva la sostenibilidad del sistema. A esto se suma el efecto de la espiral inflacionaria, ya cercana al 10% en marzo. El coste total de estos beneficios este año es de más de 170.000 millones de euros. La revalorización en línea con el IPC podría suponer otros 24.000 millones de euros.

Según el diario digital Vozpópuli, Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha dicho en reuniones que la Comisión Europea está «muy preocupada» por la reforma de pensiones de José Luis Escrivá, que considera «insostenible».

Más concretamente, el controvertido Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que vinculase las pensiones al IPC. Esta fórmula, pactada con los sindicatos a espaldas de la CEOE, puede no gustar a Bruselas. Solo requiere que los Estados miembros proporcionen un mecanismo, un cálculo, que los haga sostenibles. Pero no es el caso.

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La OCDE, el FMI, el Banco de España, Standard & Poor’s, BBVA y Fedea han denunciado el llamado «mecanismo de equidad intergeneracional» (es decir, el aumento de 0,6 puntos de las cotizaciones, que se reducen en 0,5 punto para la empresa y en 0,1 para el trabajador) está lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema. En un primer momento, el Gobierno dijo que el aumento arrojaría unos 50.000 millones de euros, cantidad que el ministro Escrivá redujo luego a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. A finales de enero, Pedro Sánchez rebajó la cantidad hasta los 30.000 millones de euros durante un acto con pensionistas. Expertos de estas organizaciones y otras consultadas por Vozpópuli dudan de que llegue siquiera a los 20.000 millones de euros.

El ministro de Seguridad Social asegura que la revalorización es “indiscutible”. Ante el impacto de la espiral inflacionaria en las cuentas de la Seguridad Social, indicó que será compensado con el aumento de la recaudación de las cotizaciones a la seguridad social, que crece este año a una tasa del 9,7%, según los datos de su Departamento. Preguntada sobre qué pasará con las pensiones, la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha subrayado este lunes: «Los jubilados pueden estar tranquilos».

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido a los navegantes: «hay que «evitar» el uso generalizado de cláusulas de indexación automática de partidas de gasto que podrían avivar aún más el actual proceso inflacionario». De Cos argumentó que solo las pensiones mínimas deberían aumentar en línea con el IPC.

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