OVIEDO, España
Los accionistas de la constructora española Ferrovial votaron este jueves el traslado de la sede de Madrid a Holanda.
La votación, esperada con impaciencia después de que la compañía anunciara su intención de abandonar España, desató una protesta.
Los miembros del gobierno progresista de España han acusado a la compañía de tratar de evadir impuestos en España y traicionar al país que la ayudó a tener éxito.
Ferrovial nació en España bajo el régimen de Franco en 1952 y ha crecido gracias a muchos contratos gubernamentales importantes.
Sin embargo, la empresa, que gestiona varios aeropuertos en todo el mundo, una autopista cerca de Toronto y construye la estación de Farringdon en Londres, se ha expandido mucho más allá de España.
En la junta general de accionistas de este jueves, su presidente, Rafael del Pino, negó categóricamente que el cambio de domicilio a Holanda se deba a «motivos fiscales». En cambio, insistió en que ayudaría a la empresa a ingresar a los mercados estadounidenses.
Pero el gobierno español también ha cuestionado este punto.
«El motivo de la empresa para mudarse no coincide con la ley… a partir de aquí se puede cotizar en los mercados estadounidenses», dijo el jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los expertos señalan, sin embargo, que aún no cotiza ninguna empresa en España y Estados Unidos.
En declaraciones a Antena 3, Montero justificó la presión del gobierno sobre Ferrovial para que se quede, diciendo que la medida envía señales «peligrosas» y engañosas a otras compañías.
Por otro lado, la presión del gobierno ha sido duramente criticada por miembros de la comunidad empresarial y la oposición política.
En la reunión, el accionista belga Jean Pierre Paelink acusó al gobierno de “atacar” el derecho europeo a la libre circulación y la propiedad privada.
Por su parte, del Pino también insistió en que Ferrovial mantendría el mismo nivel de actividad, empleo e inversión en España. A pesar de la medida, también seguirá pagando impuestos.
“España siempre ha sido nuestro país y no nos damos por vencidos en eso”, añadió.
En la primera reacción a la votación de los accionistas, el Ministerio de Economía de España dijo que el gobierno respeta la decisión de la empresa.
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