La suspensión provisional de las obras del aeropuerto de Santa Lucía y a la destrucción de lo construido en Texcoco, ordenado por el décimo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México basado en un amparo promovido por el colectivo #NoMásDerroches, es sin duda una muestra de los contrapesos entre el poder ejecutivo y el judicial.

La decisión unánime de los tres magistrados ordenó suspender las obras en Santa Lucía, hasta que no se tengan los estudios de seguridad aérea, impacto ambiental, y una presunta afectación a una zona arqueológica, inexistentes hasta este momento.

Las obras que realizan ingenieros del Ejército Mexicano tendrán que esperar. Respecto al NAIM en Texcoco, la Comisión Nacional del Agua tenía ya programado inundar los cimientos y las pistas que tienen ya un adelanto en su construcción para desarrollar el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco, una auténtica aberración a esta obra que tiene un 30 por ciento de avance y mucho dinero invertido.

Javier Jiménez Espriú, el secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que el gobierno federal será respetuoso de las decisiones judiciales- faltaba menos- y que no está en riesgo la construcción de Santa Lucía. Hay que recordar que los estudios para la construcción del NAIM tomaron diez años, y Santa Lucía prácticamente no los tiene aún.

A esto agrego que el TP01, el avión presidencial, que costó originalmente 218 millones de dólares, será finalmente subastado a un valor estimado de 150 millones de dólares, más los costos por tenerlo embodegado en California, el dinero que se obtenga de la venta, será invertido en la campaña antiinmigrante centroamericanos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Twitter: Arturo Corona/ @arcoma53 

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