Justo cuando el presidente festejaba su victoria electoral, en el Senado se debatía la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Tras un debate de apenas cinco horas, fue aprobada por 74 votos a favor y 29 abstenciones.

La nueva ley formaliza lo que ya se aplicaba desde el inicio del sexenio, la eliminación de pensiones para expresidentes, la cancelación de seguros de gastos médicos mayores, los de separación, la duplicidad de funciones y los sueldos abusivos.

Se prohíbe el derroche de energía eléctrica, agua, telefonía celular, gasolina, renta y remodelación de oficinas ostentosas, así como los gastos superfluos con cargo al erario. Hacienda y la Secretaría de la Función Pública establecerán los mecanismos para la compra de vehículos oficiales, cómputo y servicios generales.

Un tema debatido fue la prohibición a servidores públicos a ocupar empleos en empresas que hayan supervisado, regulado o que hayan manejado información que las pueda afectar, la versión original marcaba cinco años, pero terminó en diez. La oposición anunció que promoverá acciones de inconstitucionalidad contra la nueva Ley.

Una crítica generalizada fue que los cambios le darán al presidente López Obrador la discrecionalidad para definir en que se gastan los ahorros producto de esta Ley.

La Ley Federal de Austeridad Republicana, ya fue aprobada, pero será impugnada en la Suprema Corte.

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